La Tercera, Chile: La secreta jugada de Chile para liberar a Jatar en Venezuela

brauliojatar

“Al canciller Heraldo Muñoz le entrego todas las facultades para negociar una salida diplomática a mi situación, incluso estoy dispuesto a partir a refugiarme o exiliarme en Chile o tener una opción negociada, para salir de esta situación. Porque no quiero vivir cárcel por casa, régimen que al final no hace más que deteriorar a la persona y a las familias, y te amarra de manos. No sería lejano pensar en un regreso a Chile, el país que me vio nacer en 1958, el mismo año de la caída de la dictadura de Pérez Jiménez, culpable del exilio de mis padres. Por lo tanto, le doy al señor canciller de Chile todo mi apoyo para que él maneje mi tema, incluso maneje mediáticamente mi caso, y desde ya le digo que me pongo en sus manos”.

Fue casi un ruego y, a la vez, un acto de confianza el que Braulio Jatar Alonso hizo el pasado 10 de octubre desde el Internado Penitenciario Sucre, en la ciudad venezolana de Cumaná. Aunque está preso desde el 3 de septiembre pasado, luego que difundiera a través de las redes sociales un video de un cacerolazo protagonizado por habitantes de Villa Rosa, en Isla Margarita, contra el Presidente Nicolás Maduro, al abogado y director del blog de noticias Reporte Confidencial se le permitió recién ese día, por primera y única vez, hablar con el cónsul general de Chile en Caracas, Diego Rivera. Y no la desperdició.

En la hora que estuvieron a solas, en la oficina de la jefa de recursos humanos del recinto penitenciario, Jatar aceptó que le tomaran las huellas dactilares para iniciar la confección de su pasaporte y carné de identidad chilenos, y le entregó al diplomático chileno un breve mensaje destinado al gobierno, el que fue reiterado más tarde por el abogado defensor de Jatar, Diomedes Pontentino: que se pone a disposición del canciller chileno, con el fin de que él decida los cursos de acción para resolver su situación y que está disponible para ser intercambiado en una negociación de alto nivel entre las autoridades de Chile y Venezuela.

Las palabras de Jatar fueron enviadas de inmediato a Santiago, en un memorándum reservado de cuatro páginas de la misión diplomática chilena en Caracas, destinado al jefe de la Dirección General de Asuntos Consulares e Inmigración de la Cancillería chilena, Carlos Appelgreen, con copia al canciller Muñoz.

“Desde el año 2014 que estoy siendo víctima de un acoso político, principalmente encabezado por el gobernador del estado de Nueva Esparta (el chavista Carlos) Mata Figueroa. Lo que estoy viviendo no es más que una operación en contra de la libertad de expresión. Mi caso no es único, sino que es lo mismo que ha sucedido contra El Nacional y varios otros medios y periodistas”, relató Jatar desde prisión, según consta en el texto a cuyo contenido tuvo acceso Reportajes.

“Deseo agradecer a la señora Presidenta de Chile, al señor canciller, al embajador de Chile en Venezuela, a los señores parlamentarios y a todos los amigos chilenos que me han demostrado su solidaridad y me han defendido, y han creído en mí, y creen en la causa de la libertad en Venezuela y en el mundo. Y que tengan presente que están defendiendo los derechos de una persona absolutamente inocente, tengan certeza de ello”, añadió el abogado y editor de medios digitales en sus primeras palabras desde que cayó detenido en un operativo realizado por personal del Servicio Boliviariano de Inteligencia Nacional (Sebin).

El sábado 3 de septiembre, a las 9 horas, como de costumbre, Braulio Jatar había salido desde su casa rumbo a una de las tres radios de Isla Margarita en las que participa como panelista estable, dando consejos legales. Pero no llegó a la transmisión del programa. Fue interceptado por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) mientras conducía su automóvil. Según la acusación de la fiscalía y de los servicios de inteligencia chavistas, encontraron en el auto una millonaria suma en dinero en efectivo. Por eso, lo acusaron de “legitimación de capitales”, un delito penado con 12 años de prisión y que se ha vuelto común últimamente en Venezuela. Varios opositores al gobierno de Maduro han sido encarcelados bajo el mismo cargo desde que estalló la ola de protestas por las trabas puestas al proceso de recolección de firmas necesarias para llamar a un referéndum revocatorio del mandato de Maduro.

Según relató Jatar después al consulado chileno, durante la semana que pasó en manos del Sebin, recibió un trato severo, brusco, aunque sin apremios físicos.

El 12 de septiembre lo llevaron en secreto hasta el Centro de Reclusión para Procesados Judiciales 26 de Julio, en San Juan de los Morros. Un penal para presos comunes, dominado por las “pranes” o mafias de reclusos y ubicado en el estado de Guárico, a más de 500 kilómetros de distancia de su familia. Según el relato que entregó Jatar al consulado chileno, en ese lugar temió por su seguridad, lo que le provocaba bruscas alzas de presión, agravando la hipertensión que sufre desde hace años. Tres veces debió ser llevado a la enfermería del penal para estabilizarlo.

Desde que ingresó a la cárcel, Jatar ha estado bajo régimen de aislamiento absoluto y sus abogados lo han podido ver solo tres veces, por menos de 20 minutos.

Fue la familia de Jatar -su esposa, Silvia Martínez, y la hermana del abogado, Ana Julia- la que alertó al gobierno chileno de la detención del profesional. A través de varios dirigentes políticos que conocieron durante el exilio en Venezuela, entre ellos el ex ministro Sergio Bitar, pidieron ayuda. Y la obtuvieron.

“El gobierno de Chile exige que el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela se haga cargo de esta anómala situación, garantice las normas mínimas que deben observarse en toda detención y dé a conocer de inmediato el lugar de reclusión al que fue trasladado el señor Jatar”, señaló una declaración de la Cancillería chilena emitida el 13 de septiembre, amparada en el hecho de que Jatar nació en Chile, lo que lo convierte en chileno de acuerdo con la Constitución.

Desde Caracas, el régimen de Maduro reaccionó con fuerza y calificó la intervención chilena como “inadmisible injerencismo de Chile en los asuntos internos de Venezuela”, tensionando las relaciones entre ambas cancillerías.

Venezuela niega que Jatar tenga nacionalidad chilena, pues en 50 años, el abogado y blogero opositor no había sacado pasaporte ni documentos chilenos. Algo que no tenía claro la Cancillería chilena cuando inició la ofensiva para su liberación y que solo en las últimas semanas han intentado remediar, con la esperanza de que la entrega de documentos chilenos pueda facilitar una negociación para conmutar el juicio o su condena por su expulsión a Chile.

En las últimas semanas, tras la instalación de la Mesa de Diálogo por la Paz, propiciada por el Vaticano y Unasur, 10 opositores al gobierno de Maduro han dejado la cárcel. La mayoría de ellos, como el joven activista Gabriel San Miguel, han tenido que partir al exilio en España, gracias a que tenían documentación española. Otros, como el dirigente político Manuel Rosales, en cambio, debieron cambiar la cárcel por arresto domiciliario total.

Pasaporte exprés

Diplomáticos chilenos involucrados en la operación aseguran que la idea de sacar pasaporte y carné chilenos de manera exprés para Braulio Jatar, estando él preso, surgió casi por casualidad en el consulado de Chile en Caracas.

Un funcionario de la delegación chilena en Venezuela encontró un formulario que Jatar había enviado en mayo pasado por correo electrónico a la oficina consular en Isla Margarita, para conocer los procedimientos que se requerían para ratificar su nacionalidad chilena y obtener documentos. Los trámites, sin embargo, ni siquiera los inició. Había desistido al enterarse que el procedimiento debía hacerse de manera presencial en Caracas.

Por eso, había que buscar la forma de obtener las huellas dactilares y que Jatar firmara los documentos de filiación oficiales del Registro Civil chileno. Y había que hacerlo rápido. Según los abogados defensores de Jatar, Diómedes Potentino y Henry Jaspe, la audiencia preliminar para el juicio se efectuaría el próximo 18 de noviembre.

Pero había otras razones para actuar rápido. El 25 de septiembre, por tercera vez, Jatar fue cambiado de prisión. Esta vez, lo trasladaron al Internado Penitenciario de Sucre, en la ciudad de Cumaná, a casi 200 kilómetros de su hogar, en Isla Margarita. Un penal del año 1936, para 400 reclusos, pero que fue totalmente remodelado en febrero pasado, por lo que es exhibido por las autoridades venezolanas como uno de los centros modelos del nuevo régimen penitenciario bolivariano. Las condiciones son algo mejores, incluida la alimentación. Aunque sigue confinado bajo aislamiento total, al menos está separado de la población penal. Su celda se encuentra en el pabellón destinado a las visitas conyugales; tres veces al día un enfermero o médico de la cárcel revisaría su presión y todos los días le darían los medicamentos para controlar la hipertensión. Además, tendría acceso a libros y le habrían dado papel y lápiz para escribir, aunque tiene prohibición absoluta de sacar alguno de su textos fuera del penal.

Pero era difícil saber cuánto tiempo más permanecería allí. Tras múltiples gestiones diplomáticas, el gobierno venezolano accedió finalmente a que se realizara la visita consular el 10 de octubre.

Tras informar a la Cancillería chilena, el consulado en Venezuela recibió la autorización para intentar una compleja maniobra, aun a riesgo de tensionar aún más las relaciones entre ambos gobiernos.

Cuando llegó al penal, el cónsul chileno llevaba una pequeña caja con jabón, pasta de dientes, champú y otros enseres para la higiene personal. También un huellero de tinta, las hojas oficiales para registro dactiloscópico y los formularios para ratificar la nacionalidad chilena. No previó que sería registrado y que tendría que exhibirlos a los funcionarios penitenciarios.

Mariela Alvarez, la directora del penal, miró con desconfianza. No tenía instrucciones desde Caracas respecto de eso. “Es que como hay dudas sobre si es chileno o no, necesitamos tomarle las huellas dactilares para verificar”, improvisó el diplomático chileno.

Lo dejaron pasar al despacho de la jefa de recursos humanos del recinto penitenciario. A los pocos minutos entró Braulio Jatar. Vestía el nuevo uniforme de los prisioneros venezolanos: buzo celeste, polera y zapatos de hule. Su pelo rapado por completo, para evitar infecciones y piojos. Fuera de eso, el cónsul pudo constatar que su estado de ánimo era estable.

Jatar le informó las condiciones en que se encontraba y pidió transmitir sus palabras a la Cancillería chilena. Luego, marcó sus huellas dactilares y firmó los documentos necesarios para obtener pasaporte chileno.

Lo normal es que los trámites demoren seis meses hasta que se emite el pasaporte, Pero la Cancillería instruyó tener todo listo en cosa de días. Incluso, ordenó al consulado pagar los 110 dólares que cuesta el documento con dineros del fondo de auxilio a los chilenos en el extranjero.

La fotografía para el pasaporte la consiguieron a la salida del penal. Se las entregó la esposa de Jatar, de un set de fotos que tenía en su billetera. A la familia se le reiteró la necesidad de mantener un bajo perfil, para evitar posibles represalias contra Jatar en el penal.

El 15 de octubre pasado, la foto, el registro de huellas y los papeles firmados por Jatar fueron enviados desde Caracas en valija diplomática extraordinaria con destino a la Cancillería en Santiago. Llegaron la semana antepasada, pero no al Ministerio de Relaciones Exteriores. El paro de los funcionarios de Aduanas impidió que la Cancillería recogiera el valioso material y hasta el miércoles pasado seguía retenido, igual que la esperanza de Braulio Jatar de cambiar la cárcel por el exilio en Chile.

La Tercera – Chile
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